La oligarquía de honduras, por medio de sus dos grandes Partidos (nacionalistas y liberales) representantes en el Congreso Nacional Hondureño, decidieron retirar del ALBA a Honduras.
La absurda decisión que llega a pocas semanas para la toma de posesión del representante de la dictadura entrante, Porfirio Lobo, venía promovida hace varios meses, por el ex presidente del Congreso y ahora dictador de Turno, Roberto Micheletti.
La oligarquía salvadoreña, (que también es catracha) tras conocer la noticia oficial, no ha cesado de celebrar, y en sendos campos pagados, en medios de su propiedad, no paran de felicitar la “valiente decisión hondureña”, “exhortando” a la misma vez al pueblo salvadoreño, a que se prepare para presionar al gobierno de Funes, en caso que este tome una decisión similar a la del depuesto Mel Zelaya.
Aunque Funes, desde su llegada al poder ha marcado distancia con el proyecto de Chávez y en reiteradas ocasiones ha asegurado que su gobierno socialdemócrata no se adherirá al ALBA, la Derecha catracha-salvadoreña, ve con mucha preocupación que Funes termine cediendo a la insistente petición del FMLN de unirse al proyecto venezolano.
Entre tanto, la Resistencia Hondureña, aunque ahora más debilitada, tampoco cesa sus concentraciones y marchas por todo la patria De Morazán, exigiendo la restitución de Mel, y la anulación de los comicios fraudulentos celebrados bajo toque de queda.
La retirada de Honduras del Alba, se da luego de 17 meses de haberse adscrito y de desarrollar numerosos proyectos en las áreas sociales y económicas, que suponían un gran avance para sacar al país de la extrema pobreza, ya que es el segundo más pobre de América latina.
Quien esperaba que con el PSOE en el gobierno las cosas iban a cambiar para los migrantes residentes en la península se han dado con un ladrillo en la boca, o en la cabeza. Quien creía que el PSOE es un partido de izquierda y por serlo harían políticas que están al lado izquierdo de la razón, se han equivocado.
Ahora y desde unos años para acá, no podemos distinguir donde empieza los planteamientos políticos e ideológicos de la extrema derecha, de la derecha y de la social democracia, tal vez encontraríamos solamente matices, pero nimios, exiguos y aún en ellos, serían iguales. En el estado español quienes iniciaron las reformas a la ley de extranjería fueron precisamente la extrema derecha en el gobierno de Aznar. Le siguieron, le siguen el PSOE.
La primera vez que se dio la reforma en el gobierno de Aznar. Los colectivos que trabajaban - y trabajan - en el tema de las migraciones, pusieron el grito en el cielo, y no era para menos…, los gobiernos del estado español, empezaban a dar argumentos con un ligero tufo a racismo y xenofobia. Y los colectivos, asociaciones, Ongs etc., salieron a las calles y las movilizaciones se sucedían una de tras de otra contra la reformas a las leyes de extranjería. Las reformas que le siguieron suponía, primero: limitar el movimiento de las personas migrantes, prohibirles la sindicalización hasta estigmatizar a los migrantes por el simple hecho de serlo. Sólo por el simple hecho de querer buscar una vida mejor en la supuesta opulenta Europa.
Las subsiguientes reformas y viendo que la solidaridad continuaba siendo un noble ejercicio de lucha, de miles de personas, ya no sólo se estigmatizaba a los migrantes, ahora también, a quienes muestran algún atisbo de empatía y lucha. Se castiga no sólo a los migrantes, ahora la solidaridad de algunos nacionales es contemplado ahora como delito. El PSOE tenía que atajar a quienes se ofrecían a ayudar a este colectivo. Para ello siguieron el ejemplo del discurso xenófobo de países como Italia y Francia entre otros, este gobierno no se iba a quedar atrás…, así y poco a poco estas reformas empiezan a convertir la solidaridad, en delito.
Ahora en esos países como en el estado español, el migrante es un delincuente por el simple hecho de migrar, y, aquellos que muestran un grado de empatía a la miseria también por estos dirigentes - y gobiernos - con un rancio olor a fascismo. Eso que en un principio lo veíamos tan lejanos, ahora, tan cerca, y , ha llegado al estado español de la mano de un partido que se dice de izquierdas. Son ellos, los que han propuesto esta reforma, otra más, a la ley de extranjería y, con esta aprobación, los derechos más elementales - ya no de los migrantes - también de los nacionales es un delito.
Por Txanba Payés en http://txanbapayes.blogspot.com
Los inmigrantes vivirán el próximo año en España acechados por tres frentes: la nueva Ley de Extranjería, el aumento del paro y las detenciones policiales. La norma, que entró en vigor el pasado 13 de diciembre, amplió las retenciones de los sin papeles en Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) de 40 a 60 días y limitó la reagrupación familiar, entre otras medidas. Las principales ONG y asociaciones de inmigrantes condenaron la reforma porque "criminaliza al inmigrante".
En enero, el Gobierno empezará a redactar el reglamento de la Ley, que prestará "especial atención" a la regulación y vigilancia de los CIE, explica la portavoz de inmigración del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Esperança Esteve. Las ONG denuncian que en estos centros se interna a sin papeles sin que cometan delitos, sólo por no tener documentos, y se les garantizan menos derechos que, por ejemplo, en las prisiones.
El paro de los extracomunitarios es del 28,5%, frente al 17,9% general
Durante la tramitación de la Ley en el Congreso, los votos de Convergència i Unió fueron fundamentales para sacar adelante el texto. Las condiciones que puso el grupo catalán (más voz y más competencias de las autonomías en la concesión de permisos de trabajo y residencia) son dos de los capítulos que el Gobierno tendrá que desarrollar aún.
Aprender catalán
Esteve incide en que "de ningún modo" el conocimiento del catalán podrá ser un requisito para obtener permisos. "No puede haber diferentes condiciones en cada autonomía", advierte. "Tenemos que seguir un modelo integrador, no uno en el que prime la asimilación de nuestras costumbres". El texto final estará listo, en principio, en junio.
La falta de empleo ha disparado la bolsa de personas sin documentos
Respecto al empleo, las perspectivas para 2010 del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, no son optimistas: la prolongación de la crisis aumentará el paro y lo mantendrá en torno al el 20%, y los más afectados serán los trabajadores extracomunitarios. Estos tienen un índice de paro del 28,5%, frente al 17,9% general, según la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2009.
La principal ventaja de los foráneos respecto a los españoles es su alto grado de movilidad entre sectores de baja cualificación. "Pero, con la crisis, hay más competencia, porque los españoles están volviendo a áreas como la agricultura o la construcción", matiza Mikel Araguás, secretario general de la federación de asociaciones Andalucía ACOGE.
Además, "miles de inmigrantes agotarán el próximo año sus prestaciones por desempleo, lo que agravará su situación económica", advierte Araguás. El goteo de parados extranjeros está provocando que crezca la bolsa de sin papeles: al caducar sus permisos de residencia y carecer de un contrato de trabajo, no pueden renovar su documentación.
El 60% de los sin techo son hoy extranjeros, frente al 8% de 1995
El sociólogo y profesor de la Universidad de Comillas Pedro Cabrera añade que los sin techo foráneos en las grandes ciudades han pasado de representar el 8%, a mediados de la década de 1990, al 60% en la actualidad. "Son el sector más débil", tal y como recoge el estudio ¿Quién duerme en la calle?, de Obra Social de Caixa Catalunya. El 79% de las familias atendidas por Cáritas son asimismo extranjeras.
Iniciativas polémicas
Desde el comienzo de la crisis, el Ministerio de Trabajo e Inmigración ha presentado varias iniciativas. Las más polémicas fueron la reforma de la citada Ley de Extranjería, el Plan de Retorno Voluntario y el recorte del Fondo de Integración de los Inmigrantes, de 200 millones de euros.
El nuevo Plan de Integración nacional se centrará en los menores de edad
Aunque la necesidad de ayudas sociales en el colectivo ha aumentado a raíz de la crisis, el tijeretazo presupuestario se ha realizado dos veces en el último año (un 33% y un 50%), aunque se ha repuesto en ambas ocasiones. La última, mediante una iniciativa impulsada por ERC en el Congreso, ha logrado mantener los 200 millones para 2010.
A pesar del endurecimiento de algunos artículos de la Ley de Extranjería, el Gobierno también les ha reconocido los derechos de reunión, manifestación, asociación, sindicación, huelga y asistencia jurídica gratuita, entre otros. Además, las sin papeles maltratadas recibirán un permiso de residencia, aunque serán expulsadas si no logran demostrar la agresión. Este es otro punto pendiente de estudio.
En el ámbito de la integración, el Gobierno aprobará en 2010 el II Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración. Tras una primera edición, centrada en los adultos (2007-20010), se orientará hacia los menores de edad hijos de inmigrantes, que representaron más del 24% de los nacimientos totales de España en 2008.
España debatirá con la UE qué hacer con los menores no acompañados
La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, insiste en que la integración social de estas generaciones resultará "crucial para asegurar la convivencia y evitar el fracaso colectivo en el que se han visto inmersas muchas sociedades" del entorno de España. De estas, Francia es el caso más llamativo. En 2005, las protestas de jóvenes hijos de inmigrantes se saldaron con la quema de 2.800 coches en las barriadas de París, conocidas como banlieus.
En política exterior, España aprovechará la presidencia de la UE en el primer semestre de 2010 para priorizar el control de los flujos migratorios. Además, el Gobierno destaca como un "logro" haber incluido la discusión sobre los menores extranjeros no acompañados.
En España, viven unos 6.000, de los 15.000 que hay repartidos por el continente. El debate es qué hacer con ellos, ante la imposibilidad de repatriarlos como a los adultos, por su vulnerabilidad. Los partidos conservadores instan a priorizar su repatriación, mientras que las onG piden que, ante todo, se tenga en cuenta el interés máximo del menor.
El Gobierno ha recortado y repuesto dos veces el Fondo de Integración
Falta de "solidaridad"
Tras la saturación de los centros de menores de Canarias por la llegada de cayucos y pateras durante los últimos años, el Gobierno intentó que otras comunidades asumiesen el cuidado de los chicos, apelando a la "solidaridad" entre territorios. Esta vía no funcionó y Canarias tuvo que encargarse de su educación y tutela hasta que han ido cumpliendo la mayoría de edad.
Con esta experiencia interna, "es complicado pensar en que otros países puedan hacerse cargo de parte de los menores desamparados que viven en España", explican fuentes del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Los ojos del Gobierno están puestos ahora en los países de origen, de los que espera más cooperación para encontrar a sus familias o potenciar la creación de centros de menores, para facilitar sus repatriaciones.
En España viven 5,6 millones de extranjeros
5.598.691 inmigrantes en España
La población extranjera residente en España alcanzó el 1 de enero de 2009 los 5.598.691 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El colectivo representa ya el 12% de los residentes totales en el país.
77,5% población activa
La gran aportación económica de los inmigrantes se debe, entre otros factores, a su alta tasa de población activa, un 77,5%. La de los españoles es del 60%.
796.576 rumanos
La principal comunidad foránea que vive en España es la rumana, con 796.576 personas, según el INE. Esta colonia representa el 14,2% de los extranjeros, seguida de la marroquí (12,7%) y la ecuatoriana (7,4%).
